En julio de 2026 se cumplieron 34 años de la matanza perpetrada por militares en la universidad La Cantuta, en Perú. En ese marco, en redes sociales se compartió más de 1.000 veces una gráfica que asegura que las víctimas, nueve estudiantes y un profesor, eran "terroristas". Sin embargo, en 2009, la Corte Suprema de Perú determinó que no existía evidencia que permitiera sospechar de algún vínculo de las víctimas con grupos subversivos o actividades delictivas.
"Los 'angelitos de La Cantuta' eran terroristas", se lee en publicaciones en Facebook.
Los mensajes se comparten junto a una gráfica que lleva un cintillo con la inscripción: "¡Sí fueron terroristas, vivían en el internado de la Cantuta, volaban torres, preparaban anfo y coches bomba, algunos pertenecieron a Socorro Popular. ¡Eran terrucos!".
En X circulan publicaciones similares donde se lee: "Estos son los familiares de los terroristas sanguinarios asesinos de la cantuta. Ellos pusieron los 2 coches bomba en Tarata".
Esto último en referencia al ataque que realizó el grupo Sendero Luminoso en la calle Tarata, en el distrito turístico de Miraflores, en Lima, donde murieron 25 personas en julio de 1992 tras estallar un carro bomba.
Captura de pantalla de una publicación en Facebook, hecha el 22 de julio de 2026
El 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por un sector paramilitar del Ejército, el Grupo Colina, en el marco de la lucha contra las guerrillas.
Ese caso y la evidencia en torno a este fueron claves para que la justicia peruana sentenciara a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en 2009, como autor mediato del delito de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado.
En octubre de 2024, la Sala Penal Nacional condenó por este crimen a siete personas más: dos integrantes del mando militar del gobierno de Fujimori y cinco miembros del Grupo Colina.
Al cumplirse 34 años de los hechos, el 17 de julio de 2026, los deudos de las víctimas realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir al Estado peruano que culmine con la búsqueda de los restos de cuatro de los nueve estudiantes desaparecidos, así como que localice a tres miembros del Grupo Colina que permanecen prófugos.
En la sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos, emitida en abril de 2009, la Corte Suprema de Justicia precisó en su argumento 804° que "no existe evidencia alguna, más allá de la insinuación –sin aval indiciario que la justifique– formulada por alguno de los participantes en los hechos, que siquiera remotamente pueda llevar a sospechar que las víctimas estarían vinculadas al PCP–SL [Partido Comunista - Sendero Luminoso] e involucradas en determinados atentados con propósito terrorista".
El juzgado añadió que luego de revisar los hechos "no existe la menor información consistente de órganos policiales, de inteligencia o del Ministerio Público" ni de sentencias judiciales, que "permitan sostener, siquiera a nivel de sospecha razonable, que algunas de las víctimas de Barrios Altos o de La Cantuta participaron en los dos grandes atentados, precedentes de los hechos en su agravio, o que militaron o estén vinculados al PCP-SL".
En su fallo, el tribunal citó el testimonio que dio el exjefe del Grupo Especial de Inteligencia de la policía antiterrorista, Benedicto Jiménez Baca, quien informó que pudieron establecer que las víctimas de masacres como La Cantuta no tenían vinculaciones con grupos subversivos.
De hecho, durante la realización del juicio en 2008, las declaraciones de Jiménez fueron reportadas por medios de comunicación nacionales: "Los muchachos de La Cantuta eran zampoñeros… se dedicaban a la música… no eran dirigentes subversivos, era un grupo de artistas populares que les gustaba la música y eso era todo… no eran los responsables del atentado contra Tarata".
Durante el juicio, el exgeneral del Ejército Rodolfo Robles declaró también que pudo conocer por sus investigaciones que las víctimas de La Cantuta fueron raptadas "sin ningún material que los incrimine" y "no había ninguna evidencia (de) que eran subversivos".
Así consta en la página ocho del acta de la transcripción del testimonio de Robles, disponible en los archivos del Lugar de Memoria y Reconciliación de Perú (LUM).
En la parte resolutiva de la sentencia de La Cantuta y Barrios Altos, en el párrafo 827°, el Tribunal estableció de manera indiscutible " que los veintinueve agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta (...) no estaban vinculados a las acciones terroristas de (Sendero Luminoso) ni integraban esa organización criminal".
La AFP ya ha verificado desinformación ( 1, 2, 3) sobre el conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000 y dejó más de 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
La guerra contra las guerrillas o contra el terrorismo, como lo califican las autoridades, dejó poco más de 21.000 desaparecidos.
La CVR responsabilizó a Sendero Luminoso de ser el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos, pero también acusó a las fuerzas de seguridad que combatieron a esa organización de cometer delitos de lesa humanidad.
Sentencia de los casos La Cantuta y Barrios Altos
Testimonio del exjefe del Grupo Especial de Inteligencia de la policía antiterrorista, Benedicto Jiménez Baca
Reporte de medios de comunicación sobre declaración de Benedicto Jiménez
Acta de la declaración del exgeneral del Ejército Rodolfo Robles
Reportes de medios de comunicación sobre inocencia de víctimas de La Cantuta tras la sentencia de 2009 ( 1, 2)