El aumento en
la circulación de camiones transportando cereales en forma ilegal, hacia
provincias con frontera internacional, ha intensificado los controles por parte
de Fuerzas de seguridad.
Eduardo
Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de
Seguridad de la Nación, se refirió al tema y explicó que la intensificación de
los controles, ha permitido mayores detecciones de este tipo de actividad a
partir de operativos de las fuerzas de seguridad en rutas, pero destacó asimismo
de ello corresponde al Poder Judicial determinar el origen y destino final de
la carga y la responsabilidad penal del transportista.
“Es un fenómeno de tráfico ilegal de cereales
que se da a pesar de las restricciones por la pandemia que se hizo creciente en
todo el país desde año pasado”, destacó el funcionario en diálogo con Radio Libertad
este lunes (15/02), precisando que las cargas salen de las zonas portuarias o
lugares principales de producción y transitan por las rutas nacionales por eso
la intervención de Gendarmería y Prefectura.
Agregó
Villalba que estas operaciones de las fuerzas federales se dan en su mayoría en
operativos normales de ruta, “no tenemos
procedimientos realizados a partir de una investigación judicial por eso no
tenemos datos de origen, a partir de estas incautaciones comienzan las
investigaciones del Poder Judicial y a partir de allí se puede determinar el
ruteo, la trazabilidad, el destino final”, puntualizando que la mayoría de
los procedimientos se dan en rutas nacionales como la 34, la 12, la 3, entre
otras y, se incauta el material, cuando se advierte una carga que no puede ser
justificada.
Al
explicar los procedimientos el Secretario de Seguridad comentó que “se hacen dentro del país y se presume una
salida hacia los principales puntos de frontera, por eso para hablar de
contrabando tenemos que ahondar un poco más en los procedimientos judiciales
posteriores y en la intervención de otros organismo del Estado como AFIP y
Aduanas porque no solo el trabajo de las fuerzas de seguridad es muy importante,
Aduana y AFIP deben determinar también si además del perjuicio comercial al
país, hay un perjuicio impositivo también porque es todo material en negro el
que se incauta, hay otros perjuicios mayores que puede ser contrabando hacia
otros países e inclusive hasta el reingreso posterior de ése cereal al país
afectando muchas más reglas comerciales y cadenas económicas”.
Sobre
la situación de los choferes y la carga explicó que eso depende del
temperamento que adopte el juzgado que interviene cuando la fuerza de seguridad
requiere instrucciones al realizar el hallazgo de material sin justificación en
un camión, “hay pocos choferes detenidos,
lo que si se realiza es un trabajo tendiente a determinar los titulares del
transporte, de los camiones y la existencia de una organización criminal con
algunas cabezas y con distintas ramificaciones y actores a lo largo y ancho del
país y forma parte de cada una de las intervenciones judiciales que se realiza
después de la incautación del cereal”.
Agregó
al respecto que de acuerdo al procedimiento lo que tiene que demostrar el
transportista es la carta de porte o la salida que la normativa argentina
indica para este tipo de transporte, tanto de comercialización de granos como
el destino final dentro o fuera del país, “lo
que ocurre en estos casos es que el material que está en los camiones no se
puede demostrar”.
El
funcionario destacó además que muchos de los procedimientos se realizaron a
partir de la advertencia y el pedido con las provincias con quienes viene trabajando desde el año pasado en el marco
del Consejo de Seguridad Interior con las provincias que tienen esta
problemática que advirtieron de la creciente acción del tráfico ilegal y
comercio clandestino de cereales a partir de allí se intensificaron los
operativos creciendo en procedimientos del 2019 al 2020 en un 144 % detallando
que en el año 2020 se realizaron 139 procedimientos, mientras que en el 2019 hubo 57 procedimientos solamente.
Agregó
que “queremos determinar la existencia de
un delito económico porque a partir de eso podemos hacer una persecución penal
más efectiva y trabajarlo en el marco de una actuación judicial donde se
determine los distintos eslabones de esta cadena y los actores de la
organización”.
(Fuente:
Radio Libertad de Posadas)(Resumen y fotos: Misiones On Line)
