El Presidente Alberto Fernández, encabezó
una reunión con 19 gobernadores. "Cuando
se habla de quita, no es una quita sino la recuperación del exceso de fondos
que fueron a la Ciudad en detrimento de todos los argentinos", dijo el
ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
El
encuentro es un gesto de unidad entre la Casa Rosada y las provincias ante el
diferendo por los fondos transferidos durante el macrismo a la Ciudad de Buenos
Aires y que hoy se encuentra judicializado ante la Corte Suprema de Justicia.
La
actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro del Interior, Eduardo"Wado"
de Pedro, vocero ante los medios de comunicación y uno de los responsables de
llevar adelante las negociaciones con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

"Cuando se habla de quita, no es
una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en
detrimento de todos los argentinos", dijo el funcionario en diálogo con la
prensa tras la reunión en Casa de Gobierno y manifestó que "con la excusa del traspaso se triplicaron los fondos a la Ciudad
de Buenos Aires".
"Cuando se habla de quita, no es
una quita sino la recuperación del exceso de fondos que fueron a la Ciudad en
detrimento de todos los argentinos"

El
encuentro, definido como una "reunión informativa", antecedió al que
en horas de la tarde se realizará en Casa Rosada con los delegados del Gobierno
porteño.
Fueron
los mandatarios provinciales quienes tomaron la palabra para calificar en duros
términos el traspaso realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri y alertar
sobre la posibilidad de un fallo del máximo tribunal que cristalice una medida
que entienden como ajena al federalismo.

El
gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo en ese sentido que "apoyamos y
respaldamos la posición del Presidente" y manifestó que "entendemos
que hay una exacción ilegal de recursos por parte de la Ciudad al resto de las
provincias".
"Hablamos de 500 mil millones de
pesos en términos constantes", destacó y sostuvo que "nuestras provincias tienen que
financiar la seguridad pública".
En
esa línea, Capitanich dijo que "advertimos
de manera clara y contundente a la Corte Suprema de Justicia: nosotros vamos a
defender los recursos de nuestro pueblo".
El
mandatario chaqueño fue más allá y dijo que un fallo en favor de la Ciudad
implica "violar taxativamente el
federalismo vigente".

"Entendemos
que la Corte no puede fallar parcialmente agudizando las asimetrías", afirmó y habló de "claro
favoritismo" hacia los porteños por parte del Tribunal.
Por
su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, manifestó que
le hubiera gustado que la última audiencia judicial entre las partes "hubiera sido pública para que todo el
mundo supiera que la Ciudad" le "robó
al país la suma de "500 mil millones de pesos".
"Si se llega a generar un fallo
que voltee una ley que le permite pagar a la Ciudad los agentes, estarían
destruyendo el federalismo"

"Estamos firmando y nos vamos a
ir constituyendo",
advirtió Zamora y señaló que "si se
llega a generar un fallo que voltee una ley que le permite pagar a la Ciudad
los agentes, estarían destruyendo el federalismo".
En
tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se manifestó "en defensa de los recursos federales,
de un país con desarrollo federal".
"Aun reconociendo el aporte que
demanda la seguridad, tenemos que recuperar esos fondos", dijo y explicó que "en la misma materia de seguridad son muchas
las provincias que los necesitamos".

En la reunión también participaron los
gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano
Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio
Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad
(Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner
(Santa Cruz), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A ellos se sumaron el vicegobernador
Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.
También participaron, de manera
virtual, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el
vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.
Los
gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo
pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo
sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de
la policía durante la gestión del expresidente Macri.

A
partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26
de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso
de no haber arreglo dictará una medida cautelar.
En
la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide "semejante
arbitrariedad" porque "es un número que va a impactar en el
presupuesto 2022".

Además,
de acuerdo a fuentes oficiales, en el Ejecutivo sostienen que el planteo del
jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto
"anticonstitucional" y lo
que se discute es "una mediación
sobre montos".
Según
graficaron los voceros del Gobierno, hay una diferencia de 80.000 millones de
pesos, "dos ATN (Aportes del Tesoro
Nacional)", que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo
"que afectaría al presupuesto nacional".
