La empresa
Vicentin sigue acumulando denuncias por posible fraude. Ahora la Justicia de
Santa Fe puso el ojo en una empresa denominada Nacadié, una offshore
constituida en la República Oriental del Uruguay y cuyo único accionista es una
sociedad panameña llamada Swaas Internacional Corporation, inscrita en el
Registro Público de la República de Panamá bajo el número 189489.
Nacadié,
junto a otra empresa uruguaya son las accionistas de Friar S.A, una de las
empresas de Vicentin. La actividad principal de Nacadié, según sus propios
dichos contenidos en sus estados contables, es “realizar operaciones offshore
sobre agro comodities”.
La
empresa se crea en 2007 y en 2017 se decide inscribirla en Argentina, y su
domicilio es el mismo de una de las sedes de Friar S.A. Además, su
representante tiene también el mismo domicilio que Friar S.A.
Los
nuevos datos surgen de una presentación de la Inspección General de Justicia de
Santa Fe, firmada por María Verónica Stratta ante el juez de Reconquista a
cargo del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, a quien el organismo le
cuestiona el dictado de la medida cautelar por la que repuso a los directivos
de la empresa Vicentin como administradores.
Fuentes
de la Justicia indicaron que se sospecha que a través de Nacadié se podrían
haber canalizado posibles maniobras de vaciamiento. En ese sentido, la IGJ de
Santa Fe pretende impugnar la decisión de Lorenzini y que se vuelva a aceptar a
los interventores designados por el Poder Ejecutivo. Por ello aportó nuevas
pruebas para fundamentar porqué deben ser desplazados los directivos de la
cerealera.
“Las acciones de Friar son de
titularidad de la uruguayo-panameña Nacadié y de la uruguaya VFG casi por
mitades, completadas con una ínfima titularidad formal de Vicentin S.A. y una
aparente titularidad real total”, dice la presentación.
Según
la IGJ de Santa Fe, en una de las notas de los estados contables a 2018 de
Vicentin S.A.I.C. “puede verse que la hoy concursada avala créditos para
capital de trabajo de Friar S.A., lo que -además de estar fuera de su objeto
social- resulta incompatible con una participación del 0,49% como la
declarada”.
A
estas maniobras se suma que poco antes de solicitar la apertura del concurso de
acreedores, una de las accionistas, Bettina Eliana Padoan hizo en enero de 2020
varias donaciones de inmuebles a sus hijos, que fueron advertidos como
sospechosos por la IGJ. La apertura del concurso fue solicitada en febrero.
En
la presentación, la IGJ de Santa Fe cita la Escritura pública pasada en
Avellaneda el 10 de enero de 2020 por ante la Escribana Mónica Lorena
Ponticelli, mediante la cual dona con reserva de usufructo a sus hijos (algunos
menores de edad) un inmueble en la ciudad de Avellaneda.
Otra
escritura de igual fecha -número 6- y ante la misma Escribana, mediante la cual
se dona, también a los hijos y con reserva de usufructo, tres inmuebles más. Se
cita una Escritura 7 de igual fecha y ante la misma Escribana, en la que surge
la donación a sus hijos con la misma reserva otro bien inmueble. Todos los
certificados, que también constan en el anexo, habían sido ingresados el 18 de
diciembre de 2019, cuando la empresa públicamente ya anunciaba su “estrés financiero”.
“Esta información resulta relevante,
teniendo en cuenta que -de conformidad con lo dispuesto en la ley general de
sociedades- los directores deben garantizar a la sociedad su desempeño”, advirtió Stratta de la IGJ
de Santa Fe.
Las
posibles maniobras de fraude son investigadas por la fiscalía penal de Santa
Fe, mientras que en un juzgado federal de CABA está la causa por las
irregularidades en los créditos otorgados por el Banco Nación durante la
administración macrista.
En
tanto, el gobierno nacional pidió que el fuero contencioso administrativo
federal de CABA, sea el que resuelva sobre la validez de la intervención.
Uno
de los interventores, Luciano Zarich, en una nueva presentación, cuestionó
duramente al juez Fabián Lorernzini por haber repuesto a los directivos al
frente de Vicentin, señalando el “riesgo” que ello implica y “la gravedad de la
situación que se avecina respecto de los acreedores, los trabajadores, sus
familias y productores regionales”.
“Situación que a la luz del desempeño
gerencial desplegado hasta la fecha por el Directorio de la firma, no puede
vislumbrase más que sombrío, con un peligro cierto de que el proceso concursal
devenga en una inexorable quiebra con las consecuencias que ello conlleva para
los objetivos del Estado”, sostuvo
Zarich
(Fuente: minutouno.com)
