Abogados y
abogadas indígenas de ese país, presentaron ante la Corte Penal Internacional
de La Haya, una denuncia por "genocidio de los pueblos originarios"
contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, considerado el mandatario brasileño
que mayor vulneración de derechos ha consumado desde el fin de la dictadura
militar, en 1985.
Bolsonaro,
que en caso de ser aceptada la denuncia, podría terminar ante los tribunales
internacionales de la ONU, fue acusado por "invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas,
deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente".
También
por "minería ilegal y apoyo a mafias
de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de
covid-19 en las tierras indígenas".
Si
bien se trata de la tercera denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Penal
Internacional de La Haya, esta es la primera de autoría indígena.
La
presentación, que coincide con Día Internacional de los Pueblos Indígenas
establecido por la ONU, fue realizada por abogados reunidos en la Articulación
de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representa a casi 1 millón de
personas de los pueblos originarios.
-"El peor
presidente para los pueblos indígenas"
Bolsonaro
ha dejado claro que los pueblos originarios no son una prioridad para su
gobierno: no solo ha asegurado que durante su gestión no habrá demarcaciones de
tierras ancestrales para indígenas, sino que también ha promovido la siembra de
soja entre las tribus --para convertirlas en proveedores del agronegocio
plantando en las tierras reconocidas por el Estado-- e intenta modificar una
ley para permitir la minería artesanal e industrial dentro de las reservas
indígenas.
"Después de la redemocratización,
sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas", dijo Dinaman Tuxá,
director de APIB y uno de los firmantes de la denuncia, que se basa en el
concepto de genocidio utilizado por la CPI en sus sentencias más determinantes,
referidas a la guerra de desintegración de la exYugoslavia y a Ruanda.
Dentro
del pedido ante la Haya se incluye también el rol de Bolsonaro en el marco de
la pandemia de coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, sobre
todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las
comunidades originarias.
"Creemos que hay hechos en curso
en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio.
Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar
estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de
la Corte Penal Internacional ", destacó Eloy Terena, coordinador
legal de Apib.
-La posición de los
pueblos indígenas
Según
un extracto del pedido, "el
desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental,
y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la
escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en
biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los
territorios".
"APIB continuará defendiendo el derecho
de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios
y no nos rendiremos al exterminio ", enfatizó Terena.
Por
su parte, Sonia Guajara, líder de APIB, señaló que "las soluciones para este mundo enfermo provienen de los pueblos
indígenas, y nunca nos quedaremos callados ante la violencia que estamos
sufriendo".
"Enviamos este comunicado a la
Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política
anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la violencia y la
destrucción que está liderando", concluyó.
-Marcha contra Bolsonaro
El
exterminio indígena fue puesto de relieve en Brasil el 24 de julio pasado
durante una manifestación nacional pidiendo la renuncia de Bolsonaro en San
Pablo.
En
esa marcha, un grupo de manifestantes incendiaron una estatua del conquistador
bandeirante paulista Borba Gato, que formaba parte de los colonizadores que
tomaban tierras y esclavizaban indígenas en el siglo XVII.
Por
haber quemado neumáticos en torno de la estatua, el líder sindical de los
repartidores de comida por aplicaciones digitales, Paulo Galo, se encuentra
detenido y con prisión preventiva.
(Fuente: Télam)
